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jueves, febrero 28, 2019

Se cayó en la Corte Constitucional iniciativa que eliminaba el cobro por reconexión de servicios

Un proyecto de ley que fue aprobado en ese sentido en el Congreso fue objetado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, buscaba beneficiar a las familiares de estratos 1, 2 y 3. El alto tribunal señaló que hubo vicios de forma y esta ley ya no será una realidad.

La Corte Constitucional hundió este miércoles un proyecto de ley que eliminaba el cobro por reconexión y reinstalación de servicios públicos en viviendas de los estratos 1, 2 y 3, cuando la causa de la suspensión oel  corte del servicio fuera una demora en el pago. Aunque la iniciativa había sido aprobada por el Congreso de la República, el gobierno de Juan Manuel Santos la objetó, por lo que el tema pasó a manos del alto tribunal. La Corte  consideró que hubo errores en el trámite de esas objeciones y la tumbó.Esto quiere decir que la ley no será una realidad.
Para el Gobierno, la iniciativa tenía vicios de conveniencia y de constitucionalidad porque supuestamente vulneraba el principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque se afectaba a las personas que sí pagan a tiempo, asi fueran de bajos recursos. El gobierno de entonces argumentó que la ley iba en contra de la Constitución porque excluía del régimen tarifario de los servicios públicos, los costos en los que incurren las empresas para hacer las reconexiones. 
La Corte Constitucional, por su parte, no llegó a pronunciarse de fondo sobre estas objeciones, pues encontró errores en su trámite. Y es que cuando el presidente de la República objeta un proyecto de ley, el procedimiento dice que el Congreso tiene que insistir para que la Ley sea una realidad. Pero esto no se hizo a tiempo y este solo hecho ya es suficiente para que el alto tribunal tumbe toda la iniciativa.
En este trámite, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, le había pedido a la Corte que aceptara las objeciones porque las empresas sí incurren en gastos de reconexión y porque supuestamente se estaba afectando la libertad de empresa.
En su concepto, la Procuraduría señaló que la ley debía quedar en firme porque no hacía inviable la prestación de los servicios públicos domiciliarios y porque el Congreso sí podía hacer esta regulación. En especial, porque no se trataba de la prestación del servicio público como tal, sino de un trámite aministrativo relacionado con el mismo. 

El espectador

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