La entidad agregó también, que los mandatarios de los municipios no pueden ordenar la detención ni el levantamiento de la mercancía de los vendedores ambulantes, ya que estas labores le pertenecen al Congreso de la República, a través de una Ley.
Agrega que el decreto de Chía, en lugar de reglamentar y establecer cuales vías son las que permiten ventas ambulantes, pasó a sancionar y prohibir su ejercicio, presupuestos que no fueron concedidos a un alcalde.
Además, en dicho documento se establece que “Sólo el órgano democrático y representativo del constituyente primario está facultado para ejercer a nivel nacional la competencia legislativa, (así como las Asambleas y Concejos en el orden territorial) para limitar normas que limiten o restrinjan derechos constitucionales”.